La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) entregó su informe el 25 de febrero de 1999. Un Informe inesperado. Lo entregó en el Teatro Nacional. Como en tiempos de los griegos clásicos, la lectura en el Teatro de las líneas principales del informe se volvió una catarsis para los asistentes al acto. La palabra más repetida en la lectura fue crueldad. El Teatro Nacional estaba repleto y mucha gente tuvo que quedarse en el lobby, viendo y oyendo a través de pantallas gigantes de televisión.

No lo esperábamos

Los que estábamos en la sala conocíamos la brutalidad de lo ocurrido en Guatemala en los años de la guerra. Pero escucharlo en forma de sentencia por indecibles crímenes, como en un juicio de la historia, delante del Presidente Arzú, de los altos jefes del Ejército, de los luchadores guatemaltecos por los derechos humanos y de una representación del pueblo de Guatemala -familiares de víctimas mayas y ladinas- fue un espectáculo sorpresivo y un acontecimiento humano estremecedor y socialmente trascendente.

¿Por qué sorprendió tanto el informe? En el acuerdo de Oslo en 1994, el gobierno y la guerrilla se comprometieron a formar la CEH, encomendándole la tarea de constatar con objetividad, equidad e imparcialidad para la historia "violaciones a los derechos humanos y hechos de violencia que han causado sufrimiento a la población guatemalteca, vinculados con el enfrentamiento armado". Al mismo tiempo, se le quitaba a la CEH autoridad para mencionar los nombres de los responsables. En consecuencia, sólo podrían ser mencionadas las instituciones, y del esclarecimiento de la responsabilidad histórica de esas instituciones no podrían deducirse responsabilidades judiciales. Un año después de la publicación -con los nombres de los responsables- del Informe de la Verdad en El Salvador, las partes negociadoras del fin del conflicto armado guatemalteco mostraban su temor ante tanta transparencia y tomaban medidas para esconder a quienes habían hecho sufrir tanto al pueblo de Guatemala.

Los Comisionados elegidos para preparar el informe no inspiraban confianza a quienes deseaban la verdad. Christian Tomuschat, profesor universitario de derecho internacional en Berlín, con una trayectoria política democristiana, había sido ya relator de las Naciones Unidas para vigilar los Derechos Humanos en Guatemala y su actuación no había impresionado. Como en la Argentina del Informe Sábato, y no como en El Salvador -donde todos los que trabajaron en el Informe de la Verdad fueron extranjeros-, en Guatemala se integró a Comisionados guatemaltecos. Sin embargo -se decía-, no estaban preparados para esa tarea. A Otilia Lux de Cotí, de etnia maya, el conflicto le había pasado de soslayo sin producirle ningún impacto. Desde su elevada posición económica, se encontraba fríamente fuera de él. A Alfredo Balsells Tojo, en el otro extremo, le habían matado un hijo y esto lo había enloquecido de tal modo que le había privado de facultades para la tarea que se le encomendaba. De todo esto se hablaba en Guatemala en las vísperas de la presentación del Informe.

Monseñor Gerardi ovacionado

Todos se sorprendieron. Una y otra vez el Teatro Nacional se estremeció con los aplausos. Los primeros, al comienzo del acto, cuando los Comisionados agradecieron a Monseñor Juan Gerardi su aporte al esclarecimiento y rescate de la verdad histórica. El acto se volvió homenaje al obispo, asesinado después de haber entregado al pueblo de Guatemala en la Catedral el informe sobre la Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI). Durante casi tres minutos la gente aplaudió de pie. Las cámaras enfocaban al Presidente Arzú, a quien tanto el aplaudir como el ponerse en pie pareció resultarle costoso.

En el asesinato de Gerardi puede encontrarse una de las claves para que los Comisionados y su equipo de investigadores se sintieran estimulados a no defraudar a Guatemala y al mundo. Entre aplauso y aplauso los rostros iban adquiriendo el brillo que a la piel le da el llanto. Lloraba Rigoberta Menchú, por su familia y por su pueblo. Lloraba Ninet Montenegro, del Grupo de Apoyo Mutuo y hoy diputada, por su esposo y tantos otros desaparecidos. Era difícil contener el llanto. Por los exiliados, por los refugiados, por los desplazados, por los torturados, por los masacrados, por los enterrados en fosas clandestinas, por las mujeres especialmente atacadas con increíble saña, por las niñas y niños, por los ancianos, por la tierra.

En el estrado, sobre el escenario del Teatro Nacional, Alvaro de Soto, Subsecretario para Asuntos Políticos de la ONU –en representación del Secretario General de la ONU Koffi Annan-. Luego, los tres Comisionados. Y, recibiendo el informe, además de De Soto, Jorge Soto -Pablo Monsanto durante sus años de comandante de la URNG-; Rolando Morán, secretario general de la URNG, hoy partido político; y Raquel Zelaya, al frente de la Secretaría de la Paz del gobierno. No poca extrañeza causó la ausencia en el estrado del Presidente de la República, Alvaro Arzú, quien estuvo a la cabeza del gobierno que negoció y firmó los acuerdos de paz.

La verdad no sustituye la justicia

El tono del discurso del Comisionado Balsells fue objetivo y mesurado. Una profesión de imparcialidad, abrumada, sin embargo, por los datos. Poca gente lo ha cuestionado. La Comisionada Lux de Cotí reivindicó la dignidad humana para su pueblo maya y sus diferentes etnias y habló de la experiencia en la que su pueblo sufrió por un conflicto impuesto que no le atañía. No pocos han reaccionado contra este enfoque sobre la no participación del pueblo maya en el conflicto. Jorge Soto aceptó los resultados de la investigación de la CEH aun sin conocer sus resultados. Se comprometió a estudiarlos y asumirlos y pidió perdón al pueblo de Guatemala por los excesos que la URNG pudo haber cometido en el desarrollo de la guerra. Raquel Zelaya se centró más en el futuro y afirmó que, para el resarcimiento de las víctimas, el Estado contaba ya en 1998 con un presupuesto de 10 millones de quetzales.

Después, los Comisionados entregaron el informe en edición preliminar, y por ello voluminosa. Alvaro de Soto leyó el discurso de Koffi Annan. Alabó el enorme esfuerzo de compromiso con la verdad histórica que el informe de la CEH supone. Apreció el papel positivo, igualmente histórico, de los negociadores de la paz durante nueve años (1987-96), y especialmente el papel del gobierno del Presidente Arzú. Una parte importante de la concurrencia en el Teatro lo interrumpió aquí con un griterío de abucheo. Finalmente, afirmó que el informe que esclarece la verdad histórica "no sustituye" la acción de la justicia. Un fuerte y nutrido aplauso rubricó este principio. Y es que los acuerdos de paz contienen un principio de reconciliación que reclama una ley que extinga la responsabilidad de crímenes cometidos en conexión con el conflicto armado. Pero, a diferencia de otras leyes de amnistía o de "punto final", la ley guatemalteca -en vigor desde diciembre de 1996- excluye expresamente de indulto la tortura, el genocidio, la desaparición forzada y otros crímenes de lesa humanidad que, aunque no nombra, son imprescriptibles o están contenidos en instrumentos jurídicos de la legislación de Guatemala o en tratados que el Estado guatemalteco ha ratificado.

Al final, le llegó el turno al Presidente de la Comisión, Christian Tomuschat. Y aquí fue donde los asistentes nos fuimos quedando sin respiración, atacados de dolor, vergüenza y llanto, sorprendidos por la denuncia de los Comisionados. No hay duda de que la sorpresa fue de indignación y rechazo en algunos. Para la mayoría de los asistentes la sorpresa fue consoladora: por primera vez se decía en público, desde la cátedra, con autoridad, lo que había circulado en rumores, en investigaciones privadas, en testimonios y libros, pero no a través de los medios de comunicación masiva. Por primera vez se escuchaban las dimensiones verdaderas del drama de Guatemala. Las palabras de Tomuschat se fueron desplomando sobre el Teatro Nacional, sobre Guatemala y sobre el mundo. En espera de la publicación del Informe en su totalidad, esas palabras están contenidas en un librito de 85 páginas que, con el título "Guatemala, Memoria del silencio", recoge las conclusiones y recomendaciones del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

Raíz del conflicto: el racismo en el poder

Más de 200 mil muertos y desaparecidos -según el cálculo de la CEH- es el trágico saldo del enfrentamiento armado desde que estalló en 1962 hasta que en 1996 se firmó la paz. Los testimonios presentados ante la CEH registran sólo una muestra: 42 mil 275 víctimas. De ellas, 23 mil 671 en ejecuciones arbitrarias y 6 mil 159 en desapariciones forzadas. "De las víctimas plenamente identificadas, el 83% eran mayas y el 17% eran ladinos".

Es muy importante que el Informe se atreva a ahondar en las raíces históricas del conflicto para concluir que "la estructura y la naturaleza de las relaciones económicas, culturales y sociales en Guatemala han sido profundamente excluyentes, antagónicas y conflictivas, reflejo de su historia colonial. Desde la independencia en 1821, acontecimiento impulsado por las élites del país, se configuró un Estado autoritario y excluyente de las mayorías, racista en su preceptos y en su práctica, que sirvió para proteger los intereses de los restringidos sectores privilegiados. Las evidencias, a lo largo de la historia guatemalteca, y con toda crudeza durante el enfrentamiento armado, radican en que la violencia fue dirigida fundamentalmente desde el Estado, en contra de los excluidos, los pobres y, sobre todo, la población maya, así como en contra de los que luchaban a favor de la justicia y de una mayor igualdad social".

En su informe "De la Locura a la Esperanza", la Comisión de la Verdad de El Salvador afirmó en 1993 que el Estado salvadoreño había subvertido su carácter de Estado de derecho durante el conflicto sometiendo sus estructuras al poder fáctico de otro Estado dentro de él. Seis años después, en 1999, la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala, afirma que desde el comienzo, desde la independencia, el Estado guatemalteco fue autoritario, excluyente, racista, protector de minorías privilegiadas y violento contra los pobres, los indígenas y los que lucharon por transformarlo en un Estado más justo y democrático. Y todo ello, como reflejo de la historia colonial."

Son afirmaciones que han sido sustentadas en óptimos libros de historia de Guatemala, en serias investigaciones -"La Patria del Criollo" de Severo Martínez o "Guatemala: Linaje y Racismo" de Marta Casaus Arzú, por ejemplo- que, sin embargo, no son textos que fundamenten los programas de educación primaria y secundaria. Hasta ahora, a los Barrundia, Larrazábal, Pavón, Aycinena, Molina, Gálvez... no se les ha solido llamar élites. Se les llamaba próceres. La CEH los baja de su sitial y los sienta en la silla de los dictadores, de los tiranos de las mayorías, donde también los sentó el Premio Nobel guatemalteco Miguel Angel Asturias en su novela "El Señor Presidente".

La CEH afirma que este modo de ser, esta tradición del Estado guatemalteco, su "carácter antidemocrático", tiene raíces económicas: "la concentración en pocas manos de los bienes productivos" con su consecuencia de "múltiples exclusiones". En la lógica de la CEH, estas exclusiones se ven reforzadas por "una cultura racista, que es a su vez la expresión más profunda de un sistema de relaciones sociales violentas y deshumanizadoras".

Rastreando la historia

Muchos analistas y columnistas de las páginas editoriales de la prensa acusaron al Informe de la CEH de parcialidad. Algunos se quejaron: los Comisionados no son historiadores. O se preguntaron por qué se puso al Informe como límite de comienzo la década de los 60 y no se fue más atrás para investigar al gobierno del Coronel Jacobo Arbenz (1950-54) y a los ejecutores de sus presuntos desmanes. No ponderaron que la CEH fue muchísimo más atrás de los años de Arbenz -con sus errores y aciertos- para afirmar que, históricamente, lo que aconteció entre 1962 y 1996 no tiene una explicación profunda sin comprender que en Guatemala "el Estado se fue articulando paulatinamente como instrumento para salvaguardar esa estructura" de posesión y distribución de los bienes y de administración de la economía, injusta por excluyente, "garantizando la persistencia de la exclusión y la injusticia".

La CEH constata también que, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el Estado guatemalteco ha carecido de una política social eficaz, acentuando así "esta dinámica histórica excluyente". Como ejemplo de fuerza probatoria aduce que en los años "de mayor crecimiento económico de Guatemala (1960-1980), el gasto social del Estado fue el menor de Centroamérica" y el Estado exigió y recaudó menos impuestos que ningún otro país del istmo. Y mientras la historia escrita por los vencedores llama "Liberación Nacional" al derrocamiento del gobierno electo de Arbenz en 1954, el Informe de la CEH afirma que "la época que abarca de 1944 a 1954" es "la excepción" en esa pauta del Estado. En esa época, el Estado guatemalteco intentó una política social mucho más activa y eficaz. Pero el curso de la historia fue interrumpido.

Se creó un Estado dentro del Estado

Como en una especie de galope de los jinetes apocalípticos hacia la guerra, la CEH constata que "por su mismo carácter excluyente el Estado fue incapaz de lograr un consenso social en torno a un proyecto de nación". En segundo lugar, "renunció a su papel de mediador entre intereses divergentes". En ese vacío se facilitó "la confrontación directa" entre esos mismos intereses. El Estado convirtió las sucesivas Constituciones con sus garantías de derechos humanos y cívicos "en instrumentos formales, violados por diversas estructuras del mismo Estado". El Poder Legislativo y los partidos políticos en él representados legitimaron "regímenes de excepción y supresión" de garantías, y "dificultaron o impidieron procesos de cambio". El país quedó sin cauces para canalizar el disenso democráticamente. Así se creó una "cultura política confrontativa e intolerante". La inestabilidad "impregnó todo el orden social".

La CEH concluye: "Quedó así conformado un círculo vicioso donde la injusticia social provocó protesta y luego inestabilidad política, que permanentemente sólo tuvo dos respuestas: represión o golpe militar. Frente a movimientos que proponían reivindicaciones económicas, políticas, sociales o culturales, el Estado recurrió crecientemente a la violencia y el terror para mantener el control social. En este sentido, la violencia política fue una expresión directa de la violencia estructural de la sociedad".

Aunque estas conclusiones son de un peso histórico incontrovertible, hoy como ayer se están controvirtiendo, porque aceptarlas cuesta vergüenza, dolor, llanto y decisiones de cambio.

La CEH afirma que la violencia y el terror implantados como sustitutos de la respuesta nunca dada a legítimas demandas, se ejercieron a través "de una intrincada red de aparatos paralelos de represión". Esta red de control social represivo sustituyó a las leyes y a los tribunales. Se instauró "un sistema punitivo, ilegal y subterráneo, orquestado y dirigido por las estructuras de Inteligencia militar" y este sistema se convirtió en "la principal forma de control social por parte del Estado a lo largo del en- frentamiento armado interno". Escrudiñando desde sus raíces históricas en la colonia y en la independencia, la CEH ha llegado a ese "Estado dentro del Estado" que la Comisión de la Verdad identificó también en El Salvador. Ese sistema paralelo de poder, ilegal y subterráneo, fue "complementado por la colaboración directa o indirecta de sectores económicos y políticos dominantes". El sistema judicial, por omisión o acción, propició la impunidad y ésta se convirtió en medio y fin dentro del Estado. "Como medio, cobijó y protegió las actuaciones represivas del Estado así como de los particulares afines a sus propósitos, mientras que, como fin, fue consecuencia de los métodos aplicados para reprimir y eliminar a los adversarios políticos y sociales".

Estados Unidos respaldó este sistema

El Informe habla también de un proceso de cierre de espacios políticos después del derrocamiento del gobierno electo de Arbenz en 1954, "inspirado en un anticomunismo fundamentalista". La consecuencia fue el "anatema" contra el movimiento social "amplio y diverso". Todo ello, pactado "por diversos sectores de poder fáctico del país" y activado por el Estado. Todo ello, también, evidencia "de las estrechas relaciones entre el poder militar, el poder económico y los partidos políticos surgidos en 1954". La represión, después de 1963, contra cualquier tipo de oposición, cerró aún más "las opciones políticas en Guatemala". ¿En qué desembocó todo esto? "Fenómenos coincidentes como la injusticia estructural, el cierre de los espacios políticos, el racismo, la profundización de una institucionalidad excluyente y antidemocrática, así como la renuencia a impulsar reformas sustantivas que pudieran haber reducido los conflictos estructurales, constituyen los factores que determinaron en un sentido profundo el origen y ulterior estallido del enfrentamiento armado.

La CEH reconoce que "la polarización, la militarización y la guerra intestina" se dieron también con especial influencia de la Guerra Fría, y señala el apoyo de "los partidos políticos de derecha y los diversos sectores de poder guatemaltecos" a "la política anticomunista de Estados Unidos", así como el "respaldo de Estados Unidos a regímenes militares fuertes en su traspatio estratégico", apoyo concretado en Guatemala en "asistencia para reforzar los aparatos de Inteligencia nacionales y entrenar a la oficialidad en la guerra contrainsurgente". Según la CEH, éstos fueron "factores claves que incidieron en las violaciones de los derechos humanos durante el enfrentamiento armado". El Informe va más allá y señala que el anticomunismo y la Doctrina de la Seguridad Nacional fueron parte de la estrategia antisoviética de Estados Unidos en América Latina que "en Guatemala asumió primero un sentido antirreformista, luego antidemocrático y, en último término, contrainsurgente convertido en criminal". Tardío, pero importante reconocimiento, teniendo en cuenta que el financiamiento internacional de la CEH incluye, entre otros muchos gobiernos, al de Estados Unidos.

La mayoría de víctimas fueron mayas

La CEH reconoce que este anticomunismo, para cuyo fin todos los medios fueron buenos, encontró terreno fértil en el anticomunismo ya arraigado en Guatemala y se fundió con un conservadurismo religioso que en la década de los 50 fue apoyado "con fuerza por la alta jerarquía de la Iglesia Católica" y contribuyó a "dividir y confundir más a la sociedad guatemalteca". En virtud de la noción de "enemigo interno", intrínseca a la Doctrina de Seguridad Nacional, que se convirtió "en razón de ser del Ejército y en política del Estado", de todas las violaciones que documentó la CEH, "las fuerzas del Estado y grupos paramilitares afines fueron responsables del 93%, incluyendo el 92% de las ejecuciones arbitrarias y el 91% de las desapariciones forzadas". Afirma la CEH que las víctimas fueron "hombres, mujeres y niños de todos los estratos del país: obreros, profesionales, religiosos, políticos, campesinos, estudiantes y académicos". Pero "la gran mayoría, en términos étnicos, pertenecientes al pueblo maya".

Cambios en la Iglesia

La CEH constata también que en Guatemala la Iglesia Católica hizo un rápido tránsito de su postura conservadora a otra basada en el Vaticano II y Medellín, "priorizando el trabajo con los excluidos, los pobres y los marginados y promoviendo la construcción de una sociedad más justa y equitativa". La CEH constata que estos cambios doctrinales y prácticos "chocaron con la estrategia contrainsurgente". El Estado pasó a considerar a los católicos "como aliados de la guerrilla, parte del enemigo interno, sujeto de persecución, muerte y expulsión". También la guerrilla -concluye el Informe- vio "en la práctica de la llamada teología de la liberación un punto de encuentro para extender su base social. Un gran número de catequistas, delegados de la Palabra, sacerdotes, religosas y misioneros fueron víctimas de la violencia y dieron su vida como testimonio de la crueldad del conflicto".

Perfiles de la guerrilla

Según la CEH, la insurgencia guatemalteca "surgió como la respuesta de un sector de la población ante los diversos problemas estructurales del país", proclamando "frente a la injusticia, la exclusión, la pobreza y la discriminación, la necesidad de tomar el poder para construir un nuevo orden social, político y económico". En su investigación, concluye la raigambre marxista de la insurgencia y también que, en Guatemala, como en el resto de América Latina, influyeron "Cuba y su exaltación de la lucha armada". Y, más en concreto, que "el apoyo político, logístico, de instrucción y entrenamiento que prestó Cuba a la insurgencia guatemalteca, supuso otro factor externo importante que marcó la evolución del enfrentamiento armado", llevando a sectores marxistas de la izquierda a asumir "la perspectiva cubana de la lucha armada como vía única, en el contexto de un Estado crecientemente represivo". La unidad de la insurgencia se dio más alrededor de la "necesidad y primacía de la lucha armada" que alrededor de "un proyecto político-ideológico".

La CEH afirma que la insurgencia promovió más la capacitación militar que la acción política, descalificó los intentos de otras fuerzas de aprovechar los espacios limitados de participación legal y, con su desconfianza hacia personas que quisieron mantenerse al margen del conflicto, "contribuyó a la intolerancia política y la polarización". La insurgencia definió como su enemigo no sólo al Ejército, sino también "a civiles representantes del poder económico y político" considerados "afines a la represión" y a personas, sobre todo en el área rural, sospechosas de apoyo al Ejército o que ejercieron "poder económico local". En este marco, la CEH concluye que, de todas las violaciones que registró, la insurgencia es responsable del 3%, entre "hombres, mujeres y niños, incluyendo un 5% de las ejecuciones arbitrarias y un 2% de las desapariciones forzadas".

En una conclusión muy importante, la CEH afirma que su investigación muestra que el conflicto armado interno en Guatemala no fue meramente el enfrentamiento entre el Ejército y la insurgencia. Todo el Estado estuvo implicado, así como, bajo diferentes formas, participaron "los grupos de poder económico, los partidos políticos, los universitarios y las iglesias, así como otros sectores de la sociedad civil", tanto en el origen como en la perpetuación de la violencia. Una explicación que redujera el conflicto a los dos contendientes armados tampoco podría explicar "los repetidos esfuerzos organizativos y la constante movilización de sectores de la población que luchaban por alcanzar reivindicaciones económicas, políticas y culturales".

En el Teatro Nacional, hubo momentos especialmente estremecedores. Uno, cuando la CEH afirmó que "el Estado magnificó deliberadamente la amenaza militar de la insurgencia". La CEH está convencida de que el Estado y el Ejército conocieron perfectamente "que la capacidad militar de la insurgencia no representaba una amenaza concreta para el orden político guatemalteco". Pero la magnificación que de su fuerza hicieron "sirvió para justificar graves y numerosos crímenes". Metiendo en un mismo costal a una amplia oposición social, política, económica y cultural, "el Estado recurrió a operaciones militares dirigidas a aniquilarla físicamente o amedrentarla por completo". La CEH afirma que esto "explica por qué la vasta mayoría de las víctimas de las acciones del Estado no fueron combatientes de los grupos guerrilleros sino civiles".

Ejército: una impenetrable impunidad

Uno de los problemas más arduos con los que la CEH se enfrentaba era la prohibición establecida en el acuerdo que la constituyó: "no individualizar responsabilidades". Creativamente, la CEH periodizó el enfrentamiento armado y ubicó los territorios del país que en cada período sufrieron más y concluyó que "la mayor parte de las violaciones de los derechos humanos se produjo con conocimiento o por orden de las más altas autoridades del Estado" y, por eso, "las responsabilidades alcanzan, en la línea de mando militar y de la responsabilidad política y administrativa, a los más altos grados del Ejército y de los sucesivos gobiernos". La CEH rechaza la excusa de "excesos" o "errores" de subordinados. Y afirma que "el hecho notorio de que ningún jefe, oficial o mando medio fuera procesado ni condenado" por violaciones a lo largo de tantos años, "refuerza la evidencia de que la mayor parte fueron resultado de una política de orden institucional que aseguró una impenetrable impunidad durante todo el periodo examinado". En definitiva, la CEH concluye que "el Estado Mayor de la Defensa Nacional fue, dentro del Ejército, la máxima institución responsable de estas violaciones". Y añade que "deben quedar sujetos al mismo criterio de responsabilidad el Presidente de la República y el Ministro de la Defensa Nacional, considerando que la elaboración de los objetivos nacionales de conformidad con la Doctrina de Seguridad Nacional fue realizada al más alto nivel de gobierno".

En el discurso de Tomuschat en el Teatro Nacional, todas estas piezas del Informe fueron dichas juntas. Ubicó entre 1978 y 1985 "el período más violento y sanguinario de todo el conflicto armado". Después, fue estrechando ese período. Entre 1978 y 1983 se produjo la identificación entre comunidades mayas e insurgencia, "intencionalmente exagerada por el Estado". Su consecuencia fue "la agresión masiva e indiscriminada a las comunidades, las operaciones de tierra arrasada, el secuestro y ejecución de autoridades, líderes mayas y guías espirituales".

"Primero Pinochet, ¡ahora Ríos Montt!"

Tomuschat caracterizó finalmente el período 1981-83 como el tiempo en el que "se concentraron más de la mitad de las masacres y acciones de tierra arrasada" y en el que se destaca "el racismo como doctrina de superioridad expresada permanentemente por el Estado, factor fundamental para explicar la saña e indiscriminación con que se realizaron las operaciones militares contra centenares de comunidades mayas".

Tomuschat tuvo que hacer una pausa. Una parte del público cantaba a coro: "Primero Pinochet, ¡ahora Ríos Montt!", aun cuando las fechas definidas en el período 1978-85 abarcan también al Presidente Lucas y al Jefe de Estado General Mejía Víctores. Realmente, a partir de la metodología de la CEH, es posible llegar a los grandes responsables del horror.

De las violaciones atribuidas a la insurgencia, "se deriva una ineludible responsabilidad de los rangos superiores de la estructura orgánica de la guerrilla". La CEH está convencida de que esos hechos se produjeron con su conocimiento, "por ser concreción de una estrategia político-militar deliberada o por haberse realizado en cumplimiento de decisiones adoptadas al más alto nivel". De ahí a nombrar a los cuatro ex-Comandantes de la URNG no hay más que un paso.

El Estado cometió delito de genocidio

En el Teatro Nacional resonaron por primera vez en la historia y en público las espantosas cifras de las masacres. La CEH registró 626 masacres atribuibles a las Fuerzas del Estado. "Se exterminaron por completo comunidades mayas, así como se destruyeron sus viviendas, ganado, cosechas y otros elementos de sobrevivencia". En todas estas masacres se evidenció "un agresivo componente racista, de extrema crueldad". La justificación y la brutalidad de esta crueldad resonó en el Teatro, estremeciendo a todos, a pesar de lo que ya sabíamos por la investigación del jesuita Ricardo Falla en "Masacres de la Selva" y por otros testimonios.

"La estrategia contrainsurgente no sólo dio lugar a la violación de derechos humanos esenciales, sino a que la ejecución de dichos crímenes se realizara mediante actos crueles cuyo arquetipo son las masacres. En la mayoría se han evidenciado múltiples actos de ferocidad, asesinato de niños y niñas indefensos, a quienes se dio muerte golpeándolos contra paredes o tirándolos vivos a fosas sobre las cuales se lanzaron más tarde los cadáveres de los adultos; la amputación o extracción traumática de miembros; los empalamientos; el asesinato de personas rociadas con gasolina y quemadas vivas; la extracción de vísceras de víctimas todavía vivas en presencia de otras; la reclusión de personas ya mortalmente torturadas, manteniéndolas durante días en estado agónico; la abertura de los vientres de mujeres embarazadas y otras acciones igualmente atroces constituyeron no sólo un acto de extrema crueldad sobre las víctimas, sino, además, un desquiciamiento que degradó moralmente a los victimarios y a quienes inspiraron, ordenaron o toleraron estas acciones."

En base a estas conclusiones, en que la CEH registró que el 83% de todas las violaciones cometidas por el Estado fueron contra indígenas mayas y sólo el 17% contra ladinos, y en base al estudio, aplicado a las masacres ocurridas específicamente en la región ixil, en el norte de Huehuetenango, en Rabinal y Zacualpa, y en base al artículo II de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (ONU 1948, ratificado por el Estado de Guatemala el 30-11-1949), la CEH concluye que "agentes del Estado de Guatemala, en el marco de las operaciones contrainsurgentes realizadas entre los años 1981 y 1983, ejecutaron actos de genocidio en contra de grupos del pueblo maya, que residía en las cuatro regiones analizadas".

A esta denuncia siguió un aplauso estremecedor, nacido de la necesidad de escuchar la verdad del horror sufrido, dicha delante de algunos de quienes lo cometieron. El estremecimiento nacía de sentir y comprobar el grado de crueldad del que somos capaces los seres humanos al defender nuestros intereses desde una actitud racista, que estuvo especialmente inscrita en los métodos de entrenamiento de las tropas especiales, los kaibiles.

También el machismo

Tomuschat pronunció también otra conclusión que recorre el Informe de la CEH: No sólo el racismo, también el machismo fue parte de la estrategia brutal: "La investigación de la CEH permitió determinar que aproximadamente una de cada cuatro víctimas directas de las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia fueron mujeres", muchas veces torturadas y violadas sexualmente. Son miles y miles, además, las viudas y las mujeres despojadas de todos sus bienes. Y son ellas, las mujeres, las que han jugado "un papel ejemplar" en los grupos de defensa de los derechos humanos, de familiares de desaparecidos y en la lucha contra la impunidad.

El Informe de la CEH da un gran relieve a los desaparecidos y al sistema de cárceles y cementerios clandestinos, especialmente en el contexto de la Inteligencia militar. La CEH concluye que la Inteligencia militar "fue el eje conductor de una política de Estado que aprovechó el escenario delimitado por el conflicto armado para controlar a la población, a la sociedad, al Estado y al propio Ejército". Concluye también que muchos de los llamados "escuadrones de la muerte" comenzaron sus actividades criminales como grupos de particulares, para desembocar en "auténticas unidades militares clandestinas", cuyas tareas fueron secuestrar o eliminar, con el auxilio de civiles, "a los supuestos miembros, aliados o colaboradores de la `subversión', cuyas listas eran elaboradas por la Inteligencia militar".

Guerrilla: responsabilidades

La CEH atribuye también a la guerrilla responsabilidad por violaciones gravísimas -como ejecuciones arbitrarias contra comisionados militares o miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil-. Algunas de estas acciones estaban destinadas a crear el "terror revolucionario" y fueron cometidas delante de la comunidad. También se mencionan el fusilamiento de miembros de las organizaciones en armas sospechosos de deserción o de colaboración con el enemigo, e incluso masacres.

La CEH ha registrado 32 de estas masacres, ocurridas especialmente entre 1981-82, en algunas de ellas con "información veraz de que se habría dado muerte a mujeres y niños". También registraron casos de desaparición forzada de personas secuestradas por la guerrilla. La guerrilla usó también reiteradamente el recurso de secuestrar a "personalidades del mundo político, diplomático o empresarial" con el fin de negociar rescates económicos. En algunos casos las víctimas fueron ejecutadas, entre ellas un embajador extranjero. También la insurgencia "reclutó forzadamente a civiles, incluso menores". Y aunque el Informe afirma que "la tortura no constituyó una práctica generalizada por los grupos insurgentes", se recibieron algunos testimonios de esta práctica horrible.

La CEH concluye que muchas de las acciones de "propaganda armada" dejaron a las comunidades y a los pueblos donde se realizaron, "indefensas y vulnerables" a las represalias del Ejército. Y aunque la autoría de las represalias criminales fue claramente obra del Ejército, la CEH está convencida de que las acciones guerrilleras "incidieron para el desencadenamiento de estos hechos". Es en este contexto donde la CEH subraya la responsabilidad de los altos mandos de la guerrilla.

Concluye también la CEH que "grandes propietarios agrícolas" participaron con "agentes estatales" en violaciones de derechos humanos y actos de violencia contra campesinos o aceptaron que las fuerzas del Estado protegieran con la violencia sus intereses. En el ámbito urbano, algunas violaciones de derechos humanos contra sindicalistas y asesores laborales, ejecutadas por agentes del Estado, "derivaron de la estrecha colaboración entre poderosos empresarios y las Fuerzas de Seguridad", para proteger intereses empresariales y de acuerdo con políticas antisindicales del gobierno.

Perdón, reparación, indemnización

Las recomendaciones de la CEH son impactantes. Primero, recomienda que el Presidente de la República, en nombre del Estado, reconozca ante la sociedad, las víctimas y sus comunidades y familias, los hechos descritos en el Informe, pida perdón por ellos y asuma las responsabilidades. Lo mismo deberá hacer la Comandancia de la URNG. Todo ello, para devolver su dignidad a las víctimas. Al Congreso se le pide una declaración solemne en la misma línea.

Segundo, recomienda que se preserve la memoria de las víctimas con un día anual dedicado a su conmemoración, con monumentos y el rebautizo de calles y establecimienientos cívicos -escuelas, etc.- que lleven nombres de las víctimas, guardando respeto por la forma de conmemoración multicultural de Guatemala y realzando el valor de lugares sagrados mayas violados en el conflicto.

Se recomienda también la elaboración de un Programa Nacional de Reparación a las víctimas, que sea presentado por el gobierno al Congreso como proyecto de ley y que contenga medidas de cuatro tipos: de restitución material -sobre todo, tierra-; de compensación e indemnización; de rehabilitación y reparación psicosocial; y de satisfacción y dignificación. Todo, a nivel individual y colectivo. Recomienda criterios para identificar a los beneficiarios y propone una estructura no sólo gubernamental, sino también participativa, para la Junta Directiva del Programa. Recomienda que el gobierno costee el Programa, poniendo en marcha la reforma tributaria progresiva a la que se comprometió en los Acuerdos de Paz, reorientando el gasto social y disminuyendo los gastos militares. Además de este financiamiento principal, recomienda que el gobierno gestione un apoyo financiero internacional de aquellos Estados que en el conflicto ayudaron eco- nómica y militarmente a las partes enfrentadas, y que el Programa tenga una vigencia no inferior a diez años.

Sobre los desaparecidos, recomienda investigaciones rápidas sobre su paradero o el de sus restos, en caso de que hayan muerto, y la entrega de éstos a sus familiares. El Ejército y la URNG deben cooperar aportando información. Una recomendación especial se hace sobre niños desaparecidos y sometidos a procesos de adopción sin su consentimiento. Al Estado se recomienda que reconozca legalmente el estatuto de desaparecido para que puedan tener lugar procesos de herencia, reparación, etc. Finalmente, se recomienda una búsqueda activa de cementerios clandestinos y una política legal de exhumación para permitir -conforme a diferencias culturales- concluir el duelo con las ceremonias propias.

También recomienda la CEH medidas para la creación de una cultura de respeto mutuo y observancia de los derechos humanos. Las concreta en medidas para la di- fusión del Informe "Memoria del Silencio", para una reforma educativa que contemple la educación para la democracia, la tolerancia, el diálogo y la paz. Recomienda que el Gobierno y el Congreso trabajen para la ratificación de todos los tratados internacionales de derechos humanos aún pendientes, que incorporen el Derecho Internacional Humanitario a la legislación guatemalteca, que se instruya en este Derecho al Ejército, y que el Gobierno proteja especialmente a las organizaciones de derechos humanos, previa consulta con ellas.

Depuración del Ejército

Tal vez la recomendación más delicada es la que pide al Gobierno estudiar la conducta de los oficiales del Ejército y de las Fuerzas de Seguridad en activo durante el conflicto armado. Le recomienda que esa tarea la asuma una Comisión "integrada por tres personas civiles independientes, de reconocida honestidad e irreprochable trayectoria democrática," que trabaje bajo la autoridad presidencial y su supervisión inmediata, escuchando a los interesados, a la luz del Informe de la CEH, y conociendo los expedientes personales de los oficiales. Y que, según los resultados, se tomen medidas administrativas acordes con el Proyecto de Defensa de Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad, de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. En realidad, lo que se pide al Presidente es una auténtica depuración de la oficialidad del Ejército y de las Fuerzas de Seguridad.

Para fortalecer el proceso democrático, la CEH recomienda que los poderes del Estado cumplan con las recomendaciones de la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia. En otro golpe de audaz prudencia, recomienda que los poderes del Estado cumplan con la Ley de Reconciliación Nacional, persiguiendo, enjuiciando y castigando los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, y todos aquellos que sean imprescriptibles o que no admitan extinción de responsabilidad penal.

Toca también la CEH, en sus recomendaciones, la supresión de los Estados Mayores Presidencial y Vicepresidencial, la reforma de la obediencia debida para que quede "sólo dentro de la ley y nunca fuera de ella", la limitación de la Inteligencia militar a objetivos exclusivamente militares, y el control del Congreso sobre todos los organismos de Inteligencia, civiles y militares, el acceso de los ciudadanos a toda información sobre sí mismos existente en los archivos públicos o privados.

Recomienda reformas a la doctrina y la educación militares, y al servicio militar y a sus sustitutos, con reconocimiento de la objeción de conciencia; el carácter civil de la Policía y la participación en ella de las etnias mayas. También recomienda que si las reformas constitucionales que limitan el papel del Ejército en la seguridad interna no fueran aprobadas en el referendum de mayo, los poderes del Estado delimiten muy claramente ese papel y lo refrenden legalmente.

Gerardi en primera fila

Finalmente, la CEH recomienda dar continuidad a la investigación histórica realizada en el Informe, fomentar la participación política de los pueblos indígenas, superar el racismo -al menos con el cumplimiento del acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas- y realizar urgentemente la reforma fiscal ya establecida en los Acuerdos de Paz.

Termina su trabajo recomendando que el Congreso constituya una Comisión responsable de impulsar y vigilar el cumplimiento de sus recomendaciones, cuya composición no sea ni exclusiva ni mayoritariamente gubernamental e incluya a representantes de las organizaciones de derechos humanos y de las víctimas, así como de las etnias indígenas, conformando un grupo de siete miembros.

Hasta aquí un resumen de tan inesperado y trascendental texto. Está claro que este Informe marca un hito histórico. Significa una reversión del curso seguido desde hace 500 años en la historia de Guatemala. Plantea un proyecto nacional. Requiere que la sociedad civil no deje de tomarlo en sus manos y mantenga una activa militancia para que no se pierda en los tesoros de las bibliotecas. Cuantas más personas e instituciones haya que superen la cosecha del terror, acepten la ruptura del silencio, y se comprometan con la defensa del pleno respeto a los derechos humanos y al Estado democrático, se pondrán más cimientos para una nueva nación. La CEH proclamó en el Teatro Nacional su agradecimiento a quienes ya lo están haciendo o lo hicieron, y "en primera fila entre ellos" a Monseñor Juan Gerardi.

USA no pide perdón, la URNG sí lo pide

El primero en reaccionar a las conclusiones y recomendaciones del Informe de la CEH fue el Presidente de Estados Unidos. Al llegar a Guatemala el 10 de marzo, Clinton se encontró con una manifestación de universitarios y de activistas de los derechos humanos que le exigían reconociera la responsabilidad de Estados Unidos en las violaciones a los derechos humanos y en la prolongación del conflicto. No lo hizo así en su primer discurso en el patio del Palacio Nacional de la Cultura, en el que prometió la colaboración de su gobierno para esclarecer "los oscuros acontecimientos" ocurridos durante el conflicto armado y para "dar luz" sobre las violaciones a los derechos humanos acontecidos durante él para que nunca se vuelvan a repetir.

Después, en un foro con representantes de la sociedad civil en el mismo Palacio, Clinton reconoció "los errores" de su país al involucrarse "de manera indirecta" en el conflicto armado guatemalteco, pero no llegó a formular la petición de perdón que se le exigía, como también se le reclamaba, según la recomendación de la CEH, que Estados Unidos promueva el resarcimiento de las víctimas. Al día siguiente, en Estados Unidos, el ex-Coronel Oliver North y el ex-Subsecretario de Estado para asuntos interamericanos Elliot Abrams reivindicaron la participación de Estados Unidos en Guatemala y acusaron a Clinton de ignorancia. En cambio, el ex-subsecretario Bernard Aronson apoyó la posición del Presidente.

El 13 de marzo la dirección del partido URNG reaccionó al Informe de la CEH en una conferencia de prensa, en la que entregó un comunicado oficial titulado "De la Verdad histórica a la Reconciliación". La URNG reconoce el Informe como fuente creíble sobre la historia del conflicto armado y acepta sus recomendaciones como camino hacia la reconciliación. "No es el momento de discutir matices o de hacer precisiones, ni menos de eludir responsabilidades", dicen los ex-guerrilleros. Con frases que no dejan lugar a dudas, la URNG pide perdón: "Con profundo dolor y humildad pedimos perdón a la memoria de las víctimas, a sus familiares y a sus comunidades que hayan sufrido daños irreparables, injusticias u ofensas a causa de cualquier clase de excesos, equivocaciones o irresponsabilidades cometidas en el curso del enfrentamiento armado por cualquiera de los miembros, personal o colectivamente, de lo que fueron las fuerzas de la URNG o de sus organizaciones integrantes".

La URNG deja en manos de la gente afectada el plantear acciones judiciales ante los tribunales para exigir justicia. En su extenso comunicado hace una valoración política de los acuerdos de paz, afirmando que han sido puestos en práctica y cumplidos con "regateos y rezagos". "Su implementación y cumplimiento pleno y puntual es la gran oportunidad que tiene nuestra sociedad para reconstruirse y reconciliarse." "Es el componente ineludible de la reconciliación", afirman.

Gobierno: tan sólo una investigación

El 16 de marzo apareció en los periódicos un campo pagado del Gobierno de la República con su "posición inicial" ante el Informe. Muy raro pareció el medio escogido para pronunciarse. Preguntado el Vicepresidente Flores sobre la razón de no haberlo hecho en una conferencia de prensa, respondió que pretendían evitar toda distorsión periodística de la postura del gobierno. Esto trasluce la posición defensiva, ya habitual, del actual gobierno frente a los medios, y la reacción de evasión que el Presidente cultiva ante los profesionales de la información.

Al revés que la URNG, el Gobierno sí entra en el juego de los matices y las precisiones. "Por encima de la estadística exacta del daño producido durante el enfrentamiento armado", "su magnitud y crueldad" nos deben enseñar a consolidar nuestra convivencia democrática, a reconciliarnos y a estimar la paz conseguida. El gobierno "considera que la interpretación histórica en torno al enfrentamiento armado interno constituye un aporte para una tarea que apenas comienza dada la complejidad del tema y su carácter controversial". De esta manera, el gobierno rebaja el Informe de la CEH a una investigación más, y discutible. Respecto de las recomendaciones, el gobierno no recoge apenas ninguna de las que tienen que ver con el problema de los desaparecidos: declaración jurídica de ausencia por desaparición para poder dar curso a trámites de herencia, búsqueda del paradero de los desaparecidos, ubicación y exhumación de los cementerios clandestinos, etc.

Tampoco cree el gobierno que sea necesario depurar al Ejército, examinando la conducta de los oficiales hoy de alta en tiempos del conflicto armado. Más bien, afirma que el Ejército es una institución ya renovada y en trance de continua depuración institucional. Sí reitera el Gobierno las excepciones a "la extinción de responsabilidad penal" contenidas en la Ley de Reconciliación Nacional -por crímenes de tortura, genocidio y desaparición forzosa-, pero se abstiene de afirmar que perseguirá de oficio, al menos en forma simbólica, algunos de estos crímenes o que pedirá al Fiscal General de la República que así lo haga, ahora que los resultados de la CEH permiten ubicarlos.

No recoge tampoco el gobierno las recomendaciones sobre la dignificación de las víctimas a través de monumentos. Y en cuanto a su resarcimiento, en personas y comunidades, no va más allá de lo expresado por Raquel Zelaya en su discurso en el Teatro Nacional. El gobierno reitera la petición de perdón que el Presidente Arzú hizo en el acto del segundo aniversario de la firma de los acuerdos de paz, el 29 de diciembre de 1998 en Santa Cruz del Quiché: "Hay un perdón que le corresponde pedir al Estado, y que se refiere a la violencia sufrida por la población como resultado de las decisiones del poder político y las acciones del Ejército y de las fuerzas de seguridad de aquel entonces. Ese perdón, a nombre del Estado, lo pido yo". Pero es evidente que no es lo mismo pedir perdón antes de haber conocido el estremecedor Informe de la CEH que después, sobre todo si se le está restando autoridad, considerándolo una investigación entre tantas.

No hay futuro sin pasado

Fue grande la indignación de la comunidad de defensores de derechos humanos ante el campo pagado en los diarios con la posición oficial del gobierno. La URNG lo calificó de "frívolo". En general, desalienta su tono, que parece indicar que aún no ha llegado el tiempo de que el Ejército agache la cabeza y reconozca los horrores de los que fue corresponsable.

Algunos personeros del gobierno se pronunciaron en el sentido de que el Informe de la CEH hará un gran daño a los ingresos del Estado por el rubro de turismo, puesto que su publicidad esparcirá por el mundo la falsa imagen de que Guatemala es aún hoy un país donde suceden estos horrores y esto retraerá a los viajeros de venir a disfrutar sus vacaciones aquí...

La frivolidad persigue ciertamente a nuestro país. Más aún, lo abruma la falta de disposición para asimilar el horror, la vergüenza y la culpa y para caminar renovado, tras unas catarsis dignificadora, hacia una nación nueva, liberada de su racismo y de su violencia. La síntesis entre reconocimiento del pasado y dolor por él y reconciliación y mirada al futuro está aún por hacerse en Guatemala. El acontecimiento que ha significado el caso Pinochet ayuda a comprender que una nación no puede construir en paz y en reconciliación su futuro sin hacerse cargo de su pasado.

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