Paraguay:
Entre el continuismo y el cambio
 

Dionisio Gauto

Algo nuevo está naciendo en este país. Un brote que está creciendo y esperamos que dé frutos. Se trata por un lado del despertar de las bases. La gente que va tomando conciencia de su situación no merecida. Que va descubriendo sus verdaderos intereses y las causas reales de su pobreza y marginación, que no son sino la mala política y el mal gobierno. El mismo partido en el poder, desde hace 60 años, no ha traído al país más que atraso y sufrimientos. Pero éste es el momento en que los sectores populares se dan cuenta de que su pobreza no es fruto de la fatalidad o de la voluntad divina, sino que se debe a la corrupción pública, a la mala distribución de los ingresos del país, es decir, a la falta de justicia social. De ahí la desfanatización y la pérdida de la sumisión incondicional a los caudillos tradicionales. Se está dando ese «cansancio de los buenos», o como dicen algunos campesinos: «nuestras necesidades nos despiertan». El país se halla por tanto, ante un gran desafío y una gran oportunidad de lograr la alternancia en el poder en las elecciones del 20 de abril de 2008, como primer paso en el proceso hacia el cambio para erradicar los males crónicos que agobian a la población. Este proceso lo está liderando un obispo retirado, algo inédito por estas latitudes.

Pero antes de hablar de él y su proyecto, conviene señalar que este país de seis millones de habitantes nunca conoció la democracia. Se suele mencionar los seis meses de «primavera democrática» de 1946, que terminó en una sangrienta guerra civil en el 47 y desde entonces se halla en el poder el partido colorado. El militarismo se instaló en el país después de la guerra con Bolivia (1932-1935), con sucesivos golpes de estado y gobiernos inestables, hasta llegar a 1954, año en que con otro golpe militar, Alfredo Stroessner se adueñó del poder y se mantuvo en él durante 35 años, usando como plataforma al partido colorado. Esa larga dictadura, que se mantuvo mediante la violencia y la mentira, no permitió el desarrollo de la sociedad civil. Treinta y cinco años con estado de sitio, leyes liberticidas, miles de presos políticos, torturados, desaparecidos y exiliados... ha dejado una herencia difícil de superar: la corrupción, la impunidad y una política prebendaria y clientelista, entre otros males.

En 1989, con la ida de Stroessner, han quedado sus tentáculos con el mismo partido salido de las entrañas de esa dictadura. Si bien se ha conquistado un espacio para las libertades públicas, en estos diez y nueve años de interminable «transición hacia la democracia», ha empeorado la situación socio-económica, pese a los abundantes recursos naturales disponibles, como tierra, agua y energía eléctrica. Se sabe que la democracia no se puede concebir sin un pueblo –consciente, responsable, organizado, que usa su propia cabeza y conoce sus derechos e intereses– pero la dictadura nos ha legado más bien una masa, sin movimiento propio, movida desde afuera, y que responde a los intereses de sus jefes partidarios. La destrucción del tejido social de la nación durante la dictadura, con la represión de toda organización autónoma, ha privado a la sociedad de tener conciencia crítica y de contar con canales de participación en las instancias donde se tratan y deciden sus intereses de personas, familias y grupos sociales.

La falta de cultura cívica y la pasividad para la participación ciudadana caracterizan hasta hoy a la mayoría de nuestra gente, debido al miedo no superado y también al bipartidismo muy fuerte: el colorado en el poder, usufructuando todos los recursos del Estado y manteniéndose con el voto del funcionariado público, y el partido liberal, más bien satisfecho con ser el partido opositor mayoritario.

Un intento por romper este bipartidismo fue la creación y participación del Partido Encuentro Nacional (PEN) en las elecciones de 1998 y del Partido Patria Querida (PPQ) en el 2003. Pero sus votos no alcanzan para desalojar del poder al partido colorado. Hoy se tiene claro que ningún partido opositor solo tiene la capacidad para ganar las elecciones al partido-estado que por tanto tiempo se ha adueñado del país. De ahí, y teniendo en cuenta las experiencias exitosas de algunos países vecinos, como Uruguay y Chile, ha surgido la idea de un frente amplio o alianza de la oposición. Aquí entra en escena el obispo emérito de la diócesis de San Pedro, Fernando Lugo, quien propone una concertación social desde las bases y movimientos sociales, y una concertación política incluyente. Una concertación que no sea prioritariamente electoralismo –distribución de los cargos electivos entre los dirigentes– sino un acuerdo a partir del país que se quiere construir.

Fernando Lugo rigió por más de diez años la diócesis más pobre del país. Por su compromiso con los campesinos pobres fue acusado de alentar las ocupaciones de tierra y de tener relación con delincuentes, en un contexto de criminalización de las luchas sociales. Presionado por el ala conservadora de la Iglesia, según vox populi, tuvo que renunciar a su diócesis, contando solamente con 55 años de edad. Posteriormente, ya desligado de sus obligaciones pastorales, en el 2006 encabezó un movimiento de «Resistencia Ciudadana», contra violaciones de la Constitución Nacional por parte de la Corte Suprema de Justicia, y logró reunir unas 40 mil personas en una manifestación pública. A partir de ese momento, se volvió notorio su poder de convocatoria y su carisma para unir a las fuerzas sociales y políticas de la oposición en una unidad nacional con miras a las elecciones nacionales de 2008.

Tras muchas presiones para que tomara esa decisión, creándose incluso nuevos movimientos políticos a su favor y la presentación de un pedido firmado por más de cien mil personas, tuvo que renunciar al ejercicio de su ministerio episcopal y lanzarse a la arena política.

La exigencia de su conciencia –según su comunicación a la Santa Sede– es la que lo llevó a dar este paso, inédito en la Iglesia Católica.

El artículo 235 de la actual Constitución Nacional establece la inhabilidad para candidatarse a Presidente de la República a «los ministros de cualquier religión o culto». De ahí la necesidad de que Lugo dejara de ser ministro religioso, renunciando para ello públicamente a «los derechos, deberes y privilegios del estado clerical», comunicando luego por escrito esta «decisión personal, libre, unilateral» al Vaticano. Para la opinión pública aclara que deja el ministerio, aún cuando permanece el sacramento recibido, el orden sagrado, lo cual ya es una cuestión teológica, que compete a la Iglesia y no al Estado paraguayo, un Estado laico que se rige por su propio ordenamiento jurídico, del que no forma parte el derecho canónico. Con estos pasos que ha dado, según connotados constitucionalistas, Lugo ya se encuentra plenamente habilitado para ser candidato a la Presidencia de la República, pese a que los colorados siguen invocando el impedimento constitucional.

Para llegar a las elecciones del 20 de abril de 2008, Lugo tendrá que superar todavía dos barreras. La primera, la posibilidad de que la Corte Suprema declare inconstitucional su candidatura. El partido del gobierno recurrirá a esta instancia judicial, alegando que Lugo sigue siendo ministro religioso y como argumento anuncia que pedirá un informe al Vaticano. De seguro que la diplomacia vaticana responderá según el deseo del gobierno, aunque su respuesta no puede ser vinculante para la justicia de nuestro país. El grupo empotrado en el poder recurrirá a todos los medios lícitos e ilícitos, incluso violentos, para no caer de su pedestal, lo cual sería como el fin del mundo para estos privilegiados, por el peligro de tener que rendir cuenta de sus bienes mal habidos. La segunda dificultad o desafío es lograr la concertación nacional, la unidad de todas las fuerzas democráticas. Para los políticos tradicionales la política siempre ha sido electoralismo, es decir, confección de listas para los cargos electivos. Se trata entonces de una concertación en construcción, que puede lograr su objetivo si prima el interés nacional sobre el particular o partidario.

En nuestro idioma guaraní –que maneja el 95% de la población– la palabra arandú significa sabiduría, y etimológicamente equivale a percibir los signos de los tiempos. Es lo que está ocurriendo en las organizaciones de base con esa motivación de participar e involucrarse en el cambio para poner la política al servicio del bien común. Si los poderosos llegaran a frustrar esta esperanza del pueblo mediante el fraude electoral o la injusticia de la Justicia, es posible que los excluidos recurran a la violencia, lo cual ojalá no suceda.

Dionisio Gauto

Asunción, Paraguay