DEMOCRATIZAR LA TIERRA
PARA DEMOCRATIZAR LA SOCIEDAD
Horacio M. CARVALHO
En las sociedades en las que el paradigma neoliberal es hegemónico –y
eso quiere decir: en la mayorÃa de los paÃses del mundo-, la expresión
«democracia» perdió toda adjetivación crÃtica, popular o socialista. El
neoliberalismo fue presentado como la forma modernizada de la democracia,
y ambos fueron identificados como el ejercicio pleno de la libertad. La
libertad a la que el neoliberalismo se refiere es, ante todo, la libertad
mercantil, en la que la obtención del lucro constituye el elemento
referencial de la motivación de las acciones humanas.
La fetichización del libremercado, como un espacio de competencia entre
iguales, facilita la diseminación de las ideas que legitiman esa
democracia neoliberal. En ella, el sistema polÃtico es sólo un instrumento
de afirmación del poder polÃtico de los propietarios, y de la propiedad
privada.
En el proceso contemporáneo de acumulación capitalista, tendencialmente
de naturaleza oligopólica, los recursos naturales -como la tierra, el agua
dulce y la del mar, el subsuelo, la plataforma marÃtima, los minerales,
las selvas y la biodiversidad- se han vuelto objetos privilegiados de
codicia. La apropiación privada de esos recursos naturales por las grandes
empresas capitalistas nacionales y extranjeras es reforzada por la llegada
de las nuevas biotecnologÃas de ingenierÃa genética, capaces de modificar
las más diversas formas de vida, para que esas empresas aumenten creciente
y obsesivamente su lucro.
Con la apropiación privada de los recursos naturales del planeta, las
clases dominantes, hoy mundialmente articuladas, concentran y centralizan
cada vez más la renta y la riqueza, entre ellas la de la tierra rural. La
presencia del capital multinacional en la apropiación privada de las
tierras, se da en connivencia con las oligarquÃas locales, impidiendo la
reforma agraria, el avance de la organización social popular y el
direccionamiento de la producción preferentemente hacia el objetivo de
garantizar la soberanÃa alimentaria nacional. De hecho, para esos
capitales, sólo interesa aquella democracia, como la neoliberal, que
facilite su expansión y acumulación.
Durante los últimos treinta años –época de la última revolución
cientÃfica y tecnológica-, la proporción de la distribución del ingreso en
el mundo entre el 20% más rico y el 20% más pobre, ha pasado,
aproximadamente, de una relación de 40 a 1, a otra de 80 a 1, o sea, se ha
duplicado, lo que ha traÃdo como consecuencia que el 20% más rico
concentre el 83’6% de la riqueza y del ingreso en todas sus formas,
mientras que el 20% más pobre recibe un 1%. Esta concentración es todavÃa
mayor cuando se trata de las llamadas «nuevas tecnologÃas», donde el 92’3%
está en las manos de la selecta élite del 20% más rico de la población.
En el campo, la estructura fundiaria es cada vez más concentrada.
Considerando los datos comparables entre Argentina, Brasil, Colombia,
Paraguay y Perú, se constata que casi la mitad (46’04%) de los
establecimientos agrÃcolas, posee apenas un 1’26% de las tierras, mientras
el 14’64% de los propietarios poseen el 88’68%. Si excluimos de la muestra
a Perú (de cuyos datos desagregados no se dispone para encima de 50 Ha.),
verificamos que apenas un 1’03% de los propietarios posee nada menos que
el 52’13% de la extensión territorial. En el caso asiático, los datos
sobre India, Indonesia, Pakistán y Tailandia indican que también se da la
concentración de tierras, aunque sea mucho menor que en América del Sur.
En Asia, los 58’17% propietarios más pequeños poseen el 14’27% de las
tierras. Y los 1’67% más grandes, poseen solamente el 18’66% de la
superficie1.
Esta concentración de la tierra ha tenido y tiene como resultado
histórico la exclusión social de la población campesina y de los pueblos
indÃgenas, poblaciones que se encuentran entre las más pobres del mundo.
La pobreza afecta particularmente a la población que habita en el medio
rural, donde, según la FAO (2002), se encuentran 3.233 millones de
personas, de las cuales 2.881 millones estaban concentradas en los paÃses
clasificados como «en desarrollo»2. En América Latina, el número de pobres
asciende a 96 millones, región esta que también sufre un fuerte proceso de
concentración de renta, según la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL) en su Informe Anual 2005.
A pesar de la evidencia de estos datos, las iniciativas y los programas
gubernamentales de reforma agraria han sido relegados a un plano polÃtico
secundario. Sólo ocasionalmente esta propuesta entra en las agencias
polÃticas de algunos paÃses, y cuando entra, es siempre como consecuencia
de las luchas sociales populares campesinas por la reforma agraria y la
justicia social en el campo.
En las sociedades nacionales en las que es creciente la concentración
de la renta y de la riqueza, la exclusión social y el aumento de la
pobreza, la transformación de los sistemas polÃticos en mecanismo de
legitimación de la opresión y de la gran propiedad privada... o sea, donde
la elevada desigualdad social es un lugar común, las clases dominantes, o
han impedido, o han enmascarado la reforma agraria que en ellas se hace
necesaria para que se realice la democratización de la renta de la riqueza
rural.
Uno de los actores destacados en desvirtuar la reforma agraria ha sido
el Banco Mundial, al inducir, desde el inicio de la década de los 90, la
elaboración e implantación de programas gubernamentales que denomina
«reforma agraria de mercado». Iniciado en 1994 en Sudáfrica y en Colombia,
en 1997 en Brasil, y en 1990 en Guatemala, ese modelo también inspiró
programas en Honduras, El Salvador, Filipinas, México, Malawi y Zimbabwe3.
Lo que el Banco Mundial llama «reforma agraria de mercado» (sic), son
simplemente programas de crédito fundiario para trabajadores rurales sin
tierra o con poca tierra, que no cambian la estructura fundiaria de un
paÃs ni alteran la correlación de fuerzas polÃticas en los lugares donde
son implantados. Al contrario: privilegian a los latifundistas al comprar
por precios de mercado sus tierras improductivas. Mantienen, asÃ, el poder
polÃtico de las clases dominantes, en especial de las oligarquÃas rurales,
que se benefician de estos negocios de tierras.
Los programas de asentamientos rurales son otra manera de evitar la
reforma agraria. Estos programas pretenden aliviar la presión que ejercen
las luchas sociales de los trabajadores rurales sin tierra sobre los
latifundistas y los gobiernos a su servicio, ya sea efectuando
desapropiaciones episódicas de latifundios, o comprando las tierras de los
propios latifundistas para la creación de asentamientos que denominan «de
reforma agraria». De hecho, estos programas forman parte de las polÃticas
públicas compensatorias para aliviar la pobreza y la exclusión social
provocadas por las reformas neoliberales impuestas por el FMI, la OMC y el
Banco Mundial, tal como se puede ver de manera emblemática en Brasil desde
1995.
Ni la reforma agraria de mercado del Banco Mundial, ni las polÃticas
compensatorias de asentamientos rurales, alteran la estructura fundiaria
altamente concentrada, ni desencadenan procesos de democratización de la
riqueza y de la renta en el campo. Las polÃticas compensatorias de
asentamientos rurales configuran reformas agrarias convencionales en las
que la negociación se efectúa entre clases sociales antagónicas y por
medio del sistema institucionalizado de partidos polÃticos, dentro del
compromiso implÃcito de conservar el orden vigente sin cambiar las normas
institucionales de la «sociedad tradicional», y enfocando la reforma
agraria como una cuestión aislada y sectorial. En realidad, estos tipos de
reformas apuntan a un objetivo estratégico de conservación del «status
quo», siendo, en ese sentido, más bien, una contrarreforma agraria4.
Mantenidas las estructuras fundiarias actuales, en especial en los
paÃses en desarrollo de América Latina, Ãfrica y Asia, no se puede
vislumbrar para esos paÃses ninguna posibilidad de una democracia que se
pueda considerar como popular o socialista. Donde imperan estructuras
fundiarias altamente concentradas están presentes, también, el arbitrio,
la violencia y la impunidad de las oligarquÃas agrarias. Las sociedades
que presentan una desigualdad social profunda y una acentuada injusticia
social, no pueden ser consideradas como sociedades democráticas.
En el campo, la democratización sólo se iniciarÃa con una reforma
agraria que fuese capaz de alterar integralmente su estructura fundiaria.
La reforma agraria es el camino más rápido y socialmente más democrático
para enfrentarse al hambre y a la pobreza en el mundo. La concretización
de una reforma agraria integral y masiva emularÃa –como lo ha hecho en
aquellos paÃses en los que se ha dado- la construcción de un nuevo
paradigma para el desarrollo rural que ha permitido establecer las bases
de una estrategia popular de superación del paradigma neoliberal en el
campo.
La reforma agraria necesaria para democratizar no sólo el campo, sino
toda una sociedad, serÃa aquella que provocara una alteración simultánea
del sistema tradicional de poder y de las normas institucionales que lo
conservan y expresan (propiedad, renta, trabajo, poder social,
distribución de la renta, etc.). EstarÃa integrada a un proceso nacional
de transformaciones estructurales de toda la sociedad e impulsadas por
fuerzas sociales identificadas con las aspiraciones a un nuevo orden
económico y social, y dinamizadas por una estrategia de cambios mundiales.
Notas: 1 LEITE, Sergio, Agrarian Reform, Social Justice and
Sustainable Development, CPDA/UFRRJ, Rio 2006, p. 21-22. 2 GARCÉS, V.
(2005), El Foro Mundial sobre la Reforma Agraria, Valence 2005. 3
PEREIRA, João M., O Banco Mundial inventou um novo jeito de se fazer
reforma agrária? , UFF, Rio 2005. 4 GARCÃA, Antonio, SociologÃa de
la reforma agraria en América Latina, Amorrortu, Buenos Aires 1973,
pág. 20.
Horacio M. CARVALHO
Consultor del MST, Brasil
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