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AUTOR: de Marzo, Giuseppe
 
AGENDA LATINOAMERICANA AÑO: 2007

LUCHAS POPULARES POR LA DEMOCRACIA

Giuseppe DE MARZO


Era el 10 de abril de 2000, y por primera vez en Bolivia y en el mundo, un movimiento popular conseguía derrotar un consorcio de multinacionales occidentales que había privatizado el agua en la ciudad de Cochabamba, triplicando la tarifa, excluyendo al 50% de la población al acceso a los servicios hídricos, convirtiéndose en propietarios de un bien común durante más de 40 años –así lo preveía el contrato- y prohibiendo incluso la recogida del agua de la lluvia. En 4 meses de movilizaciones en la llamada «guerra del agua», y después de la muerte de 5 personas y centenares de heridos a causa de las represiones militares, el pueblo de Cochabamba consiguió expulsar al consorcio de multinacionales «Aguas del Tunari» y recuperó la empresa municipal privatizada.

En los últimos años, las multinacionales que han constituido el consorcio, fiscalmente registrado en Holanda, no se han rendido, y han presentado una denuncia pidiendo una indemnización por la «falta de lucro» de 50 millones de dólares en el tribunal interno del Banco Mundial (BM), el CIADI, destinado a resolver las controversias por la disolución de contratos en los que se encuentran implicados tanto el BM como los acuerdos bilaterales entre países. Entre Holanda y Bolivia hay un acuerdo internacional que tiende peligrosamente hacia el lado de la empresa, así como el BM tenía una vinculación con un préstamo con el Gobierno boliviano y la voluntad de privatizar el sector hídrico. En los últimos años, las preocupaciones de las multinacionales se han centrado en la necesidad de protegerse jurídicamente frente a la posible rebelión o el rechazo, por parte de pueblos enteros o comunidades locales a la gestión de los contratos.

Lo sucedido en Cochabamba es la demostración de que algunos contratos no deberían ni siquiera proponerse, pero que siguen ahí impunemente, testimoniando la absoluta ausencia de reglas éticas en el mundo del gran negocio, a costa de los derechos humanos, medio ambientales, sociales y económicos.

La indemnización «por falta de ganancia» aparece como una norma medieval que quiere disuadir y desalentar cualquier tipo de intento de transformación de los mecanismos de explotación constituidos en los años de la neocolonización postindustrial. No vale sólo ganar y echar fuera una multinacional del propio territorio, e incluso morir a causa de la represión ejercida por los que defienden los intereses del capital transnacional; hace falta afrontar un proceso representado por un tribunal que aunque no tenga ningún reconocimiento popular, podría conminar con sanciones de decenas y cientos de millones de dólares, capaces de revertir todo lo que se ha obtenido tras años de lucha y movilización. Una especie de disuasión moral de los millonarios, ejercitada sobre los políticos que quieran apoyar el descontento que viene de las masas de trabajadores y trabajadoras, agricultores o indígenas empeñados en poner en discusión el mecanismo de la privatización para defender su propio territorio y sus propios derechos.

Las campañas que hemos llevado a cabo han llamado la atención en alguno de los mecanismos de las finanzas internacionales, con curiosas paradojas. Resulta que cuando pagas el recibo de la luz y del gas en Milán, Italia, a la AEM (empresa energética de Milán), en realidad estás apoyando a la empresa que ha hecho una denuncia por «falta de lucro» contra el pueblo de Cochabamba, Bolivia. Parece increíble pero es así. El consorcio «Agua del Tunari» está controlado en un 55% por la empresa llamada IWL (International Water Limited), un 25% por la española ABENGOA y un 20% por privados (entre ellos un excandidato a la presidencia de Bolivia: Medina). La IWL pertenece un 50% a la empresa estadounidense Bechtel (unida a Cheney) y el restante 50% a la empresa italiana EDISON. Y aquí es cuando llega lo mejor: desde octubre la EDISON es de la TDL, mientras que la TDL pertenece un 50% a la francesa WGRM y el otro 50% a la italiana AEM, o sea, a la «empresa energética de Milán».

También en Italia, desde que las empresas municipales han sido privatizadas, en vez de pensar en ofrecer un servicio público que afecta a la esfera de los derechos colectivos, estas empresas sólo piensan en hacer operaciones de compraventa de paquetes de acciones de otras empresas, adquiriendo el control de otras que desencadenan desastres por el mundo, como lo ocurrido en Bolivia. Esta experiencia nos demuestra lo importante que es evitar la privatización de los servicios públicos y lo urgente que es una capitalización de las empresas ex-municipalizadas. Un problema de «capacidad» ideológica de la izquierda socialdemócrata que se hizo estúpidamente protagonista en los años de la privatización y liberalización, fue el intento de demostrar que era una fuerza política capaz de gobernar dentro de un mecanismo del capitalismo. Fue un error histórico pensar en poder «gobernar» el capitalismo, siendo éste, por definición, una función del crecimiento ilimitado que no se puede moderar o encauzar, sino que reacciona siempre para obtener el máximo, devorando todo lo que puede, incluso los derechos de poblaciones enteras, más aún: ¡de las próximas generaciones!

Todavía, la AEM es, en un 43’26%, del ayuntamiento de Milán, pero el problema es el porcentaje que pertenece al mercado y a su «mano invisible», cada vez más visible en gran parte del sur del mundo. Después de meses de movilización y de campañas dirigidas en América Latina, en España y en Italia, la Bechtel, la EDISON-AEM y la ABENGOA se han rendido y han decidido retirar la denuncia de indemnización de 50 millones de dólares. Llama la atención lo mucho que cuenta la imagen en términos económicos respecto a los derechos de millones de personas, pero así es en la era de la neoliberalización. Temiendo repercusiones en este sentido, el consorcio de privatizadores ha decidido vender al gobierno boliviano sus propias acciones por la módica cifra de dos pesos bolivianos, es decir casi 30 céntimos de euro. La propuesta llegó desde las oficinas de las multinacionales, que quieren llegar a un «arreglo amistoso». Un preacuerdo se firmó el 22 de diciembre de 2005 con la promulgación del Decreto Supremo 28539 firmado por el expresidente Rodríguez. La norma dice textualmente que cada empresa recibirá un peso boliviano por todas sus acciones y se dará por terminado el arbitraje de la indemnización.

Una victoria que pertenece a todo el movimiento y que nos ayuda a abrir un debate amplio sobre la importancia de la recapitalización de nuestras empresas municipales y sobre el tema del arbitraje internacional del CIADI, que ha tenido en el pasado y puede tener en el futuro un efecto negativo en los esfuerzos de poblaciones enteras y en acciones de gobiernos que en el sur del mundo intentan salir de la trampa de la explotación.

Un primer terreno de confrontación-discusión será con aquella gran parte de la izquierda institucional que fue víctima de la fascinación de la privatización y que finalmente se ha podido sentar en el buen salón de las grandes finanzas, presentándose sin ningún proyecto pero con gran apetito. En este sentido los movimientos deberán tener una gran fuerza para abrir un debate cultural encaminado a demostrar el desastre económico producido por la privatización de las empresas municipales, y la exposición a riesgos de chantaje del mercado a los que están sometidos millones de ciudadanos desconocedores de estos actos. No se trata de reafirmar la «centralidad del Estado» en la economía, sino de apartar el control de las grandes finanzas de un enorme mercado y restituir el control de los derechos y de las responsabilidades a los ciudadanos y a las comunidades, igual que debería ocurrir con la gestión participativa de los bienes comunes. Una acción que se traduce en la construcción de relaciones internacionales basadas en la reciprocidad y en la condivisión de valores entre comunidades distintas pero unidas en la defensa de los bienes comunes y en la práctica de la democracia de participación en la construcción de un modelo más respetuoso que el actual.

Sobre todo, la percepción de estar unidos unos a otros en la necesidad de luchar cada uno por su propio territorio y luchar a nivel mundial, para romper el trenzado y los efectos de las decisiones tomadas en Milán, que no sólo afectan a los ciudadanos italianos, sino también en Bolivia, en Palestina o en cualquier otro sitio donde llega el tejido ramificado del capitalismo financiero.

En este sentido parece fundamental participar en las luchas locales y mundiales, sea desde un punto de vista teórico o práctico. Ya no existe un lugar adonde el modelo neoliberal no pueda llegar, pero esto significa también que muchos lugares estarán poco custodiados.

La decisión de hacer presidente del BM al teórico de la guerra preventiva y delfín de Kissinger en los tiempos del Plan Condor, Paul Wolfowitz, y de nombrar como director de la OMC a Pascal Lamy -aquel que como comisario europeo del comercio internacional en 2003 en Cancún había auspiciado acuerdos de liberalización y privatización con todos los países del sur del mundo para favorecer las multinacionales, sin pasar por ninguna legitimación (suponiendo que pudiera darla) del Parlamento Europeo ni de parlamentos nacionales- nos da una idea de cuáles son sus intenciones y el futuro que nos están preparando.

El movimiento de los movimientos sociales tiene la tarea de provocar los cortocircuitos necesarios para abrir las redes de la estructura que enjaula nuestro mundo imaginario. Hay cuestiones que ya no estamos dispuestos a delegar a otros, porque marcan la diferencia entre un mundo de tipo imperial y un mundo en el que la democracia representa por fin el interés de todos. Las luchas para defender los bienes comunes, convertir en públicas las empresas municipales que gestionan servicios básicos, introducir de formas de autogestión y de participación horizontal entre comunidad y público, y construir una red internacional entre movimientos cada vez más fuertes y más capaces de actuar juntos, como lo demuestra la experiencia de la lucha boliviana por el agua, son un terreno de compromiso inmediato en el que el movimiento de los movimientos sociales puede experimentar formas de ejercicio directo de la política.

 

Giuseppe DE MARZO

Asociación «A Sud», Bolivia - Italia

 

 

 


 



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